Hoy no cumpliré mi palabra. Si alguno solía leerme, recordará que estas traiciones a mí mismo, no son cosa rara. Los demás, espero sepan perdonarme, pero se darán cuenta que uno propone y las circunstancias muchas veces son las que disponen.
El tema de gravar servicios educativos con IVA empieza a tambalearse de acuerdo con las primeras reacciones de algunos legisladores. Aprovechando esto, sin intención de cantar victoria, quisiera dejar el tema educativo para mañana y ocuparme de una breve revisión general de la Reforma Hacendaria, mesurando un poco mi reacción de ayer, misma que reconozco cargada de la ironía que caracteriza mis enfados.
No pienso echarme para atrás, al menos no por el momento: sigo creyendo que la iniciativa presentada por Presidencia con la bendición del Pacto por México, es una mala propuesta. Pero no es cuestión de blanco y negro, naturalmente. Es una iniciativa terriblemente gris, y ese me parece su mayor defecto.
El Paquete Económico 2014 parece haber sido diseñado para dar gusto a todos y es quizá justamente por eso que termina gustando a muy pocos. Más allá de lo que muchos salgan a decir en la escena pública, me atrevo a señalar que pocos creen que esta es la Reforma Hacendaria que México necesita. Si fuese una reforma de derecha, estaríamos ante el IVA generalizado, incluyendo alimentos y medicinas, y no veríamos al sector empresarial denunciando la eliminación de ciertos mecanismos que les estaban sirviendo de máscara para abusar de beneficios fiscales. Si fuese una reforma de izquierda, estaríamos ante medidas mucho más drástica en el gravamen a los grandes empresarios y ante un paquete que replanteara por completo la lógica del gasto gubernamental. Pero no, estamos a medio camino, en una propuesta que busca quedar bien con Dios y con el Diablo.
El paquete es calificado de reforma social y se expone con el lenguaje que caracteriza al populismo: una reforma al estilo Robin Hood, que ofrece quitar a los ricos para repartir entre los pobres. El problema es que en el fondo, no permitirá lo uno y mucho menos lo otro. Si estuviésemos ante una reforma que en verdad buscara mejorar las condiciones de vida de los más pobres, si estuviésemos a la puerta de una auténtica transformación de los sistemas de seguridad social y de generación de oportunidades para quienes son y han sido víctimas de la explotación de un sistema injusto por naturaleza, yo sería el primero en votar a favor. El problema, insisto, es que no estamos frente a eso.
Me apuro, que seguro ya muchos están fastidiados de lecturas sobre la reforma.
¿Hay cosas buenas? Sin duda. Eliminar el esquema de consolidación fiscal, por ejemplo, así como proponer una ruta para acabar con las irregularidades que esconden los famosos REPECOS. Incluso eliminar el Impuesto a Depósitos en Efectivo parece sensato, considerando que se propone no solo derogar dicha obligación, sino complementarla con el informe de operaciones en efectivo (cosa que en sí misma me parece todavía muy peligrosa y que estaría pendiente comprender bien cómo habría de operar). Ya siendo muy generoso con la iniciativa, estoy dispuesto incluso a aceptar la idea del 32% como tope en el ISR.
El problema es que todas estas cosas, si bien pueden ayudar a acabar con algunos problemas de evasión fiscal, no ayudan a incorporar al sistema tributario a muchos que bien merecen aportar de una buena vez a este País. La justicia social que propone la iniciativa es, por tanto, muy limitada y, en consecuencia, injusta.
Dejemos de lado lo de las mascotas, los chicles y los refrescos, no por ser poco importantes, sino porque si hablamos de una reforma social, las tres cosas son bastante superfluas. No así las hipotecas, las actividades culturales o los servicios educativos que ofrecen los particulares, que de concretarse, uno esperaría estuviesen sustentados en una lógica que realmente propusiera una nueva formulación del papel del Estado en relación con la educación en manos de particulares, una nueva política cultural de fondo o un nuevo proyecto de País en lo relativo a la vivienda. Pero no, ha sido irse por la fácil: grava el consumo de educación y habitación como si fuera cualquier otro artículo de consumo, pues al fin en la lógica del consumismo, bienes y servicios son todos iguales.
Veremos en los días por venir qué "transita" y que no de todo el paquete propuesto. Dos meses como máximo para tener certeza de por dónde se moverán las cosas para 2014.
Queda ahora sí por comentarse el asunto educativo. Sin embargo, me he dado cuenta que la posibilidad de retirar la exención de impuesto al consumo de servicios educativos, me sirve solo como pretexto para proponer una reflexión más amplia, sobre el papel de las instituciones privadas en el escenario de los servicios educativos. Por este motivo, en la lógica que proponía yo mismo ayer, lo dejo para otra entrada.
Aquí nos vemos mañana.
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